El derrame de petróleo este sábado 15 de enero ocasionado por la Refinería La Pampilla, subsidiaria de REPSOL, es considerado como el mayor desastre ambiental en la costa central del país. En un inicio la empresa subestimó el daño y no reconoció su responsabilidad sobre el derrame de petróleo. Con el correr de los días y producto de las presiones nacionales e internacionales, REPSOL asumió su responsabilidad y se comprometió a reparar los daños.
Los daños del derrame de 6 mil barriles de petróleo comprometen dos áreas naturales de conservación, afectan la flora y fauna marina y pone en riesgo como especies protegidas como el pingüino de Humboldt y la nutria marina, entre otras especies. Los daños también afectan a 1,500 familias dedicadas a la pesca artesanal, así como a miles de familias que hacían uso de las 21 playas del litoral del Callao y Lima.
El Gobierno ha declarado emergencia ambiental por un periodo de 90 días en el área de desastre y ha aprobado el Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo para la atención de la emergencia ambiental. El derrame ha afectado más de 700 Has. de agua y 180 Has. de franja costera. Por su parte, la empresa REPSOL se ha comprometido culminar los trabajos de limpieza de playas y de la zona marítima impactada actualmente a finales del mes de febrero.
Varias reflexiones nos provocan el derrame de petróleo en el litoral de Ventanilla: La importancia del medio ambiente como componente clave del desarrollo; la necesidad de fortalecer las instituciones públicas para hacer cumplir los estándares internacionales en materia ambiental; la necesidad de mejorar y/o revisar los contratos con empresas que explotan y/o transforman recursos naturales; y, la importancia de incorporar cláusulas de responsabilidad ética en los contratos públicos con empresas privadas.
La preservación y cuidado del medio ambiente y los recursos naturales es una responsabilidad compartida entre los estados y la ciudadanía. En nuestro caso, el cuidado de las áreas verdes, su preservación y ampliación compromete a los vecinos como a las autoridades. Las áreas naturales, parques y avenidas, son necesarias para ofertar alternativas de ocio y recreación, así como disminuir los efectos de la contaminación ambiental. El Municipio debe invertir recursos y los vecinos participar de su cuidado y preservación.
Por otro lado, se requiere de instituciones públicas fuertes, que hagan cumplir las leyes y normas que se generan para el bienestar de la población. Ello pasa no solo por fortalecer la función pública, sino por fortalecer los mecanismos de participación ciudadana. La activa participación de la ciudadanía ha provocado que el derrame de petróleo tema se convierta en un tema de interés público que ha llamado la atención internacional en solidaridad con el país, obligando a la empresa a cumplir sus compromisos. Instituciones fortalecidas y participación ciudadana son dos caras de la misma moneda. No puede haber una sin la otra.
La inversión privada es necesaria para el desarrollo y la generación de empleo. Por un lado, se requiere de normas claras, con estándares de calidad en materia de medio ambiente, que incorporen cláusulas de comportamiento ético en las empresas que contratan con el Estado. Esto es fundamental para combatir la corrupción y exigir comportamientos éticos frente a eventos como el sucedido con el derrame de petróleo.
Finalmente, es destacable la acción ciudadana, solidaria con el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad de la zona. Todos esperamos que el trabajo conjunto del Estado, la empresa y la ciudadanía permitan reparar los daños ocasionados por el derrame de petróleo. Exhortamos al Ejecutivo y REPSOL a diseñar medidas para reparar el impacto económico en las familias dedicadas a la pesca artesanal. Tengo la convicción que este desastre se puede convertir en una oportunidad para mejorar las políticas públicas y la acción conjunta del Estado, la empresa y la ciudadanía en favor del bienestar y el desarrollo de todos.
Raúl Díaz Pérez