Esta semana el candidato Pedro Castillo suscribió el “Compromiso con el pueblo peruano”, documento en el que establece 10 compromisos de gobierno en caso de ganar las elecciones. Keiko Fujimori hizo lo mismo el 2016 cuando suscribió su “Compromiso de honor con el Perú” antes de la primera vuelta electoral. Lo propio hizo Ollanta Humala el 2011 cuando estableció la “Hoja de Ruta” durante la segunda vuelta electoral, cuando en aquella ocasión tenía como rival a Keiko Fujimori. Tal parece ser que los Planes de Gobierno están dando paso al uso de un nuevo instrumento de campaña, según lo indican las últimas tres elecciones.

Sin embargo, cuando planteamos una Agenda de Consenso Nacional estamos pensando ir más allá de la intención de convencer a electores indecisos o temerosos en medio de una elección. Se requiere de una Agenda de Consenso Nacional para gobernar el país y trascender la coyuntura electoral que genera dudas o temores en uno y otro lado. La Agenda de Consenso Nacional debe recoger preocupaciones de la ciudadanía y de la gestión del Estado. En esencia hablamos de una agenda de desarrollo y otra de gobernabilidad.

Al profundizar sobre la agenda de desarrollo, esbozada en el artículo anterior, está claro que el próximo gobierno debe controlar la pandemia, impulsar la vacunación universal y potenciar el sistema de salud, en primera instancia. Dado que los impactos de la pandemia han trascendido a otros sectores claves en el desarrollo del país, la reactivación de la economía es una segunda tarea que involucra la recuperación del empleo y los ingresos, al igual que retomar el desafío de formalizar a las micro y pequeñas empresas que generan empleo a 3 de cada 4 peruanos en edad de trabajar.

Corregir las deficiencias del sistema educativo forma parte de uno de los retos más complejos para el próximo Gobierno. Los deficientes servicios educativos, con modalidades de servicio de pésima calidad en zonas rurales y urbanas empobrecidas, son las responsables de las marcadas brechas en términos de calidad educativa, entre otros factores. La educación no presencial, tomada como alternativa en tiempos de pandemia, ha revelado las profundas diferencias territoriales en el acceso a servicios básicos como energía eléctrica, agua y desagüe, televisión, radio, telefonía y conectividad a Internet. A la agenda de la inclusión a estos servicios básicos, se debe incorporar la inseguridad ciudadana y la violencia familiar, entre otras preocupaciones.

Por otro lado, la agenda de gobernabilidad debe garantizar el fortalecimiento de la democracia como sistema político de gobierno del Estado, lo cual implica mantener el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial; y, respetar la autonomía de los organismos creados al amparo de la Constitución como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, El Banco Central de Reserva del Perú, entre otros. La agenda también debe incluir el respeto a los derechos humanos, así como los pactos y organismos internacionales que lo sustentan, y la preservación de las libertades individuales y colectivas propias de un sistema democrático.

La agenda de gobernabilidad abarca también la dimensión de la gestión pública. La lucha contra la corrupción, así como la eficiencia de la gestión pública deben ser prioritarias en un nuevo gobierno. Políticas como la carrera pública, la descentralización fiscal, la eficiencia del gasto público, entre otros, son necesarias para garantizar una gestión al servicio de la ciudadanía.

En resumen, la Agenda de Consenso Nacional excede largamente a la oferta electoral y compromisos que ambos candidatos sean capaces de ofrecer en esta coyuntura electoral. Por lo tanto, el desafío es que las instancias que conforman la sociedad civil y asociaciones como la AMPE, la REMURPE y la ANGR pongamos nuestra cuota de contribución en su elaboración, de tal manera que nos permita seguir construyendo el país que todos anhelamos para nosotros y las generaciones venideras.

Raúl Díaz Pérez